domingo, marzo 29, 2015

La comunicación: un compromiso político; los desastres: resultado de múltiples incomunicaciones (2005)


Escribí este artículo en 2005 y fue publicado en la revista “Tecnología y Sociedad” del ITDG (Lima, Perú) Lo subo ahora a mi blog porque creo que mantiene su vigencia 10 años después y porque aquí están las piezas de Lego con que he adelantado varios procesos en la década siguiente a su publicación. 

Ojo a los links a las instituciones y documentos que se mencionan en el texto

Acabamos de terminar con la organización italiana CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli) una cartilla sobre comunicación social y gestión participativa del riesgo, dirigida a profesionales del periodismo radicados en las provincias de Manabí y Los Ríos, en la costa del Ecuador.

Ese trabajo se basó parcialmente en los resultados de una consultoría que, con financiación del BID, elaboramos en República Dominicana con LA RED (Red de Estudios Sociales sobre Desastres), uno de cuyos resultados fue la elaboración de una “Estrategia de Divulgación e Información Pública” que formaba parte del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de ese país, cuyo diseño constituía el objetivo central de esa consultoría.
Posteriormente elaboramos con la firma Abt Associates, también dentro de un proyecto financiado por el BID, un “piloto” de esa estrategia, que consistió en una serie de programas para televisión y radio, y un álbum de láminas o “postalitas” dirigido a la comunidad escolar, el cual fue validado por las autoridades educativas de República Dominicana como material apto para incorporar el tema de la gestión del riesgo en la educación formal.


Información de calidad, pre-requisito para la verdadera participación
En el diseño de esa estrategia de información pública retomamos, a su vez, una serie de reflexiones producto del proceso de elaboración de los “lineamientos para la política de participación ciudadana en la gestión ambiental” del entonces Ministerio del Medio Ambiente de Colombia, los cuales quedaron plasmados en el documento “Yo participo, tú participas,todos somos parte: Hagamos el Ambiente”. En ese proceso propusimos un conjunto de requisitos que debe cumplir la información con el objeto de que pueda servirle a las comunidades como herramienta eficaz para la verdadera participación en las decisiones que las afectan, o que afectan a los territorios de los cuales esas comunidades forman parte.

Allí afirmamos que en el campo de la gestión del desarrollo sostenible, al igual que en el de la gestión del riesgo (que de alguna manera constituyen sinónimos), tan importante como la participación de los actores humanos, es la participación de la naturaleza en las decisiones que la afectan. Lo cual nos coloca frente al desafío de determinar distintas estrategias que permitan escuchar y comprender su voz.

Esos requisitos que propusimos para la información son, de manera general, la oportunidad, la disponibilidad o accesibilidad, la precisión, la claridad, la pertinencia cultural, la autoridad (en el sentido de la “legitimidad” de quien produce la información) y la credibilidad.
En desarrollo de la cartilla del CISP también recogimos lecciones aprendidas en procesos tendientes a encontrar “el sentido de la sostenibilidad” en comunidades vecinas a uno de los principales humedales urbanos que existen en Bogotá, y estudiamos  materiales específicamente dedicados al tema de la gestión del riesgo y la comunicación pública, tales como la “Guía para la Comunicación Social y la Prevención de Desastres” elaborado en 1998 para la Secretaría del Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales (DIRDN) de Naciones Unidas por Sandra Salazar Vindas (con quien desarrollamos el mencionado “piloto” de la Estrategia de Información Pública en República Dominicana), y el documento sobre “La comunicación en casos de desastre” elaborado ese mismo año por Elsie Andrade, Jefe de Comunicación Social de la Dirección Nacional de Defensa Civil del Ecuador. En la experiencia con la comunidades vecinas al humedal de Tibabuyes en Bogotá, que formó parte de un convenio entre la ONG Conservation International Colombia y el Acueducto de esa ciudad, “descubrimos” varias de las metáforas que empleamos en la cartilla del CISP para explicar los procesos -“matrimonios insostenibles e indisolubles”- como resultado de los cuales nacen los riesgos y los desastres, al igual que para entender de qué manera las vulnerabilidades de los ecosistemas se convierten en amenazas contra las comunidades, al tiempo que las vulnerabilidades de éstas se convierten en amenazas contra los cuerpos de agua. 

El objetivo de este ejercicio era elaborar herramientas conceptuales que permitieran determinar el sentido concreto de la sostenibilidad en ese “matrimonio indisoluble” que conforma el humedal de Tibabuyes con las comunidades que interactúan con él. Esas mismas herramientas las estamos utilizando ahora en las comunidades afectadas por amenaza de inundación en la cuenca del río Tunjuelito, uno de los ríos principales que todavía cruzan por la superficie a Bogotá.

En fin: hago todo este recuento con el objeto de resaltar que en este aspecto de la gestión del riesgo, al igual que en todos los demás que conforman esta “interdisciplina” –y en general, en todos los campos del saber humano- el conocimiento es, como las islas de coral, el resultado de una serie de “acumulaciones”, que algunas veces refuerzan saberes anteriores y otras los transforman o derogan. Quienes nos dedicamos a la gestión del riesgo y tenemos la osadía de dar a conocer nuestras experiencias y conceptos a través de conferencias o publicaciones, nos encontramos casi de manera permanente en la situación extraña de polemizar (muchas veces en público) con nosotros mismos y de convertirnos en los principales críticos de “doctrinas” que nosotros mismos hemos contribuido a elaborar, cada vez que nuevos hechos o nuevos aprendizajes nos obligan a enfrentar interrogantes que antes no nos habíamos formulado o a mirar dimensiones inexploradas de algunos procesos que antes creíamos entender. Para quienes no somos especialistas en geología, hidrología, ecología o en cualquiera de las llamadas “ciencias de la Tierra”, el reto de ayudarles a las comunidades a comprender los procesos del planeta comienza por que nosotros mismos seamos capaces de entender esos procesos con claridad, sin que por ello las explicaciones pierdan rigor científico ni precisión.

El compromiso ético y político de la comunicación
Por todo eso, al comenzar la cartilla del CISP, afirmamos de manera expresa que ese documento “no alberga falsas pretensiones de total originalidad”.

Hay, sin embargo, en ese texto, un par de aspectos en los cuales sí creemos que, como decimos en Colombia, estamos ayudando a “correr un poquito el cerco”, es decir, a avanzar algunos pasos inéditos en la exploración de las relaciones posibles entre la gestión del riesgo y la comunicación social. En primer lugar, les estamos proponiendo a quienes se dedican a la comunicación social (por lo menos en el campo ambiental o de la gestión del riesgo) que asuman su trabajo como un compromiso político. Puede parecer extraño que invitemos expresamente a la politización del trabajo periodístico, en un continente en el cual la política cada vez se mira con mayor escepticismo y con mayores sospechas, como un coto de caza reservado exclusivamente a quienes se dedican “profesionalmente” a esa actividad.

Entre otros argumentos, sustentamos esa “propuesta indecente” en la presentación que hace Elena Martínez, Directora del PNUD para América Latina y el Caribe, a un estudio sobre el estado de la democracia en la región: “Hubo un momento, no lejano, en que muchos creyeron que la política había muerto; el mercado impersonal y el saber tecnocrático se encargarían de llevarnos al desarrollo. Pero el mercado supone la seguridad jurídica que dan las instituciones. Y la tecnología no dice para qué ni para quién, sino cómo. Por eso en los últimos años, los economistas y las agencias de desarrollo han vuelto la mirada sobre las instituciones, sobre las opciones y sobre los conflictos. Vale decir: han vuelto a descubrir la política (aunque prefieren no decirlo).”

El texto de la señora Martínez constituye un respiro, en momentos en que parecería que palabras como “gobernanza”, traducida del inglés governnance y trasplantada desde los viveros de las corporaciones multinacionales al campo abierto de los Estados y sus relaciones con los actores y sectores que conforman una sociedad, están reemplazando a La Política (con mayúsculas) como actividad propia de la esencia del ser humano como ser social.

Gestores y gestoras ambientales en Altos de la Estancia - Bogotá

El analfabetismo político como causa de vulnerabilidad

Transcribo a continuación algunos párrafos que escribimos para la cartilla del CISP:

Uno de los principales factores de vulnerabilidad de nuestras comunidades, es la ausencia de formación política y de una verdadera participación en la política (para la cual la información constituye un ingrediente indispensable).

Las conclusiones al respecto de ese estudio del PNUD que mencionamos en el párrafo anterior, resultan alarmantes, en la medida en que “la encuesta de opinión pública realizada para el Informe muestra una tensión entre la opción por el desarrollo económico y la democracia” y revelan una tendencia creciente hacia la a-politicidad, es decir, hacia la pérdida de interés en la política.

En concreto, los datos obtenidos por ese Informe indican que:

La preferencia de los ciudadanos por la democracia es relativamente baja.

- Gran parte de las latinoamericanas y latinoamericanos valora el desarrollo por encima de la democracia e incluso le quitaría su apoyo a un gobierno democrático si este fuera incapaz de resolver sus problemas económicos.

Las personas no demócratas pertenecen en general a grupos con menor educación, cuya socialización se dio fundamentalmente en periodos autoritarios, tienen bajas expectativas de movilidad social y una gran desconfianza en las instituciones democráticas y los políticos.

- Aunque los demócratas se distribuyen en variados grupos sociales, en los países con mayores niveles de desigualdad los ciudadanos tienden a apoyar más la democracia. Sin embargo, estas personas no se expresan a través de las organizaciones políticas. (Hasta aquí el documento del PNUD.)

Somos conscientes de que, especialmente en este momento de la historia humana, cuando con tanta laxitud e impunidad se abusa de términos como “democracia”, “libertad” y “seguridad”, es necesario profundizar más en el sentido de todas estas palabras y conceptos. Sin embargo, acogemos las conclusiones del estudio del PNUD cuando afirman que “la información empírica encontrada, los resultados de la encuesta de opinión pública y las opiniones de diversos líderes políticos registradas en el Informe coinciden tanto en la necesidad de reconocer que la región vive un momento de inflexión y de crisis, como en la de valorizar el sentido de la política, es decir, su capacidad de crear opciones para promover nuevos proyectos colectivos viables. En el corazón de tal confluencia está instalado el fortalecimiento de la ciudadanía”.

En LA RED (Red de Estudios Sociales sobre Desastres) adoptamos la definición de los desastres como “problemas no resueltos del desarrollo”. La capacidad para resolver esos problemas depende de la capacidad para transformar las relaciones entre las comunidades humanas y los ecosistemas de los cuales formamos parte o con los cuales sostenemos cualquier tipo de interacción.

Para lograrlo, necesitamos transformar la sociedad, lo cual parte de nuestra capacidad para reflexionar sobre la manera como desempeñamos nuestro propio papel –o nuestros distintos papeles- en la sociedad. Desde nuestro papel como padres o madres de familia, como patronos o trabajadores, como docentes o como estudiantes, como funcionarios y funcionarias del Estado o como ciudadanos y ciudadanas. Y claro, como periodistas y comunicadores sociales. Y nuestro papel colectivo como comunidad, cuya existencia depende de los servicios y recursos que nos proporciona ese mismo ambiente que a diario transformamos con nuestra actividad.

Esa capacidad de reflexionar, pero sobre todo la capacidad de impulsar cambios como consecuencia de esa reflexión, constituyen expresiones de nuestra condición de seres políticos.

La gestión participativa del riesgo es una actividad política. Y proporcionar de manera oportuna y adecuada la información que la hace posible, es un compromiso político. Con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestra comunidad, con nuestra región, con nuestro país. Con el Cosmos.

En la misma cartilla acudimos a Gandhi para que nos ayude a entender la politización no sólo en el sentido partidista ni electoral de la palabra, sino como herramienta hacia la autonomía. Decía el Mahatma en una “Carta a un Amigo”:

Te voy a dar un talismán. Siempre que te asalten dudas o cuando el Yo te resulte demasiado pesado, adopta el método siguiente:

Trata de recordar el rostro del hombre más pobre y desvalido que hayas conocido y pregúntate si lo que vas a hacer le puede resultar útil a ese individuo.

¿Podrá sacar de eso algún provecho? ¿Le devolverá cierto control sobre su vida y su destino? En otras palabras ¿lo que vas a hacer contribuirá al Swaraj o autonomía de los millones de compatriotas que mueren de hambre material y espiritual?

Encontrarás así que tus dudas y tu Yo se disipan.

Las palabras de Gandhi, trasladadas sin modificaciones al campo de la comunicación y la información pública, equivale a que nos preguntemos si el trabajo que realizamos -si la información que pasa a través nuestro y la manera como la transmitimos- contribuye a que las comunidades sometidas a una amenaza de cualquier tipo y origen (natural, socionatural o antrópico) o que las comunidades que ya han sido afectadas por un desastre, ganen mayor control sobre sus vidas y su destino, o si, por el contrario, refuerza la condición de “víctimas impotentes” que se les suele atribuir desde afuera; estereotipo que, además, rige la manera como muchos actores externos se relacionan con esas comunidades y que, en gran medida en virtud de los medios de comunicación, las mismas comunidades acaban por “comprar” y adoptar. En un mundo mediático como el actual, los seres humanos caemos con frecuencia en la trampa de convertirnos en lo que los medios dicen de nosotros, aunque en un principio hayamos sido conscientes de las discrepancias entre la imagen impuesta, nuestra visión de nosotros mismos y nuestra realidad.

Otro de los terrenos en los cuales posiblemente estamos “corriendo un poquito el cerco” con la cartilla del CISP, es el de la comprensión de los desastres como problemas de comunicación, o más bien: de incomunicación. Para efectos de este ejercicio, partimos de una red o “telaraña” a través de la cual intentamos entender el sentido de la sostenibilidad en las relaciones entre una comunidad y el territorio del cual forma parte. La red está conformada por los lazos o interacciones entre distintos factores de vulnerabilidad o de sostenibilidad, los cuales constituyen “clavos” entre los cuales tendemos esos lazos. La sostenibilidad del sistema es la capacidad de la red para resistir un “balonazo” (resistencia) o para recuperarse después de que la amenaza ha logrado meter un “gol”. Es decir, después de que ha resultado imposible evitar el desastre (resiliencia).

En los años que han transcurrido desde la publicación de este artículo he aprendido nuevas cosas sobre la RESILIENCIA


Posteriormente comenzamos a explorar nuevas “telarañas”, tal y como lo explicamos en la cartilla: 

En los clavos de la telaraña anterior reemplazamos los factores de sostenibilidad y de vulnerabilidad, por una serie –incompleta- de actores y de sectores sociales, enmarcados todos por un flujo permanente y complejo de interacciones entre la naturaleza y la comunidad. 

En este caso, los hilos que vinculan a los distintos actores y sectores entre sí, representan canales y lenguajes para la comunicación. Al igual que sucede en la telaraña anterior, unos hilos fuertes deben generar una red sostenible, capaz de resistir sin mayores traumatismos los embates de una amenaza externa. 

Una buena comunicación entre todos los actores y sectores sociales, entre estos y la naturaleza y entre estos y la comunidad en general, constituye un ingrediente esencial de la sostenibilidad. 

Cuando, por alguna razón, algunos de estos canales de comunicación son débiles o están rotos, no sólo entre actores y sectores entre sí, sino con la naturaleza con la cual, lo reconozcan o no, mantienen múltiples interacciones, se generan las condiciones propicias para que cualquier cambio interno o externo se convierta en amenaza e inclusive en desastre. 

La importancia de cada uno de esos canales de comunicación no siempre es igual; su “peso” específico depende del momento particular por el cual atraviesa una comunidad. 

Así por ejemplo, el “protagonismo” de la comunidad internacional en nuestras comunidades locales puede ser insignificante en algunos momentos y, en cambio, decisorio en otras oportunidades: como cuando algún actor externo realiza una gran inversión en nuestro territorio o cuando, con posterioridad a un desastre, se produce una afluencia masiva de ayuda internacional. 

Sabemos por experiencia directa, que en ambos casos suelen fallar muchos de los hilos que conforman nuestra telaraña de comunicación. Las inversiones de un país extranjero en condiciones de “normalidad” se suelen pactar entre gobiernos o con el sector empresarial, pero no siempre tienen en cuenta los intereses y preocupaciones de los demás actores sociales. Mucho menos los de los ecosistemas que de una u otra manera esa inversión puede impactar. 

Y, con mayor razón, la telaraña de comunicación tiende a fallar en situaciones post desastre. Por eso se afirma que muchas veces las donaciones satisfacen más las necesidades de los donantes que las de los receptores, y por eso muchas veces, por ejemplo, se invierten grandes recursos nacionales o de cooperación internacional para reubicar comunidades afectadas por una inundación... pero se trasladan a una zona de deslizamiento. ¿Qué ocurre en el fondo? Una gran falla de comunicación. 

O, en otro ejemplo, entre la clase política y el sector empresarial de una región se puede pactar con el gobierno nacional y la banca internacional la realización de una determinada obra de infraestructura, como una presa o un embalse, pero sin tener en cuenta de manera suficiente el impacto de esa obra sobre las comunidades que serán desplazadas, ni sobre la fauna y la flora de los bosques que serán inundados. Tarde o temprano el conjunto de la sociedad tendrá que hacerse cargo de la correspondiente “cuenta de cobro”, que se expresará en graves desequilibrios ecológicos o en conflictos sociales. Lo más triste e injusto es que no siempre quienes provocan el daño son quienes se ven obligados a responder, sino las generaciones posteriores, que heredan las deudas de sus antepasados. 

Quienes nos dedicamos a la comunicación social debemos reconocernos a nosotros mismos como esos “linieros”(trabajadores de las empresas de energía) que andan en camiones con escaleras, armados de alicates y destornilladores, y con guantes aislados, que se dedican, después de los vendavales, a reparar las redes de energía eléctrica que han resultado afectadas. 

O, con mayor razón, debemos vernos como “linieros” conscientes de su responsabilidad social cuando diseñan y tienden nuevas redes, y cuando realizan mantenimiento preventivo sin necesidad de que previamente haya mediado un vendaval.

Cuando uno se embarca en el diseño de eso que los científicos sociales denominan una “parrilla de interpretación” y luego sale a mirar el mundo con ese nuevo lente, muchas imágenes que antes estaban borrosas comienzan a parecer más nítidas (posiblemente porque, como afirma la Ley de Murphy, “cuando uno sólo tiene un martillo todos los problemas le parecen clavos”.)

Simultáneamente con la elaboración de la cartilla para el CISP, me vinculé a un proceso –que ya mencioné- de información pública adelantado por la Dirección para la Prevención de Emergencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, tendiente a socializar la gestión del riesgo entre las comunidades que habitan las zonas de amenaza en la cuenca del río Tunjuelito.

En el análisis de los riesgos existentes y de muchos puntos críticos de ese sector, en los cuales se detectan además “pequeños desastres” que de alguna manera constituyen “condiciones normales” para las comunidades, encontramos, en el fondo, problemas de incomunicación. Unas veces, como ya dijimos, entre la naturaleza y la comunidad. Otras, entre las empresas públicas y la gente. Otras, entre las instituciones o las empresas entre sí, o entre distintos niveles jerárquicos al interior de una misma institución.

Esa experiencia constituye terreno abonado para múltiples reflexiones. El proceso de crecimiento de la ciudad de Bogotá, especialmente a lo largo del siglo XX, constituye un ejemplo perfecto, aunque para nada único, de incomuniación entre “la mancha urbana” y la dinámica del territorio sobre el cual está asentada. Bogotá (cuya área construida se acerca hoy a las 70.000 hectáreas) comenzó el siglo XX con 50.000 hectáreas de humedales y lo terminó con 800. En el curso de unos 60 años enterramos 49.200 hectáreas de humedales bajo la urbanización.

Muchos de los barrios que constituyen a Bogotá se encuentran por debajo del nivel de los ríos, lo cual ha obligado a construir decenas de kilometros de jarillones o barreras con sacos de suelo-cemento para evitar que el agua penetre a las zonas que esos ríos habían utilizado siempre como parte de su sistema natural de auto-regulación en época invernal, pero que ahora se encuentran casi totalmente ocupadas por calles y casas. Otros barrios se levantan sobre humedales rellenados, lo cual se traduce en hundimientos parciales de algunas edificaciones y podría generar graves efectos en caso de un terremoto, debido al incremento que sufre la aceleración generada por una onda sísmica en ese tipo de suelos.

A pesar de lo anterior, en muchos casos encontramos que el problema inmediato y real no radica en la quebrada que se desborda o en la alcantarilla taponada, sino en que los hilos de comunicación están rotos entre las comunidades y las personas que encarnan a las empresas encargadas de mantener unas vías o de prestar un determinado servicio público. O entre las personas de esas empresas que se encuentran en el campo y las que toman las decisiones en un nivel superior. O entre las pertenecientes a unas instituciones y las que trabajan en otras. Este párrafo no es repetición de uno anterior. En el de más atrás hablábamos de incomunicación entre instituciones, empresas y comunidades. En este hablamos específicamente de personas, de seres humanos. Es aquí, entre nosotros, donde debemos comenzar a reparar los hilos rotos que nos impiden la comunicación.

A manera de conclusión, digamos que así como hace algunas páginas proponíamos preguntarnos si nuestro trabajo contribuía de alguna manera a que las comunidades ganaran mayor autonomía y mayor control sobre sus vidas, aquí proponemos preguntarnos si nuestro trabajo, en condiciones de desastre o de “normalidad”, contribuye a reestablecer los canales de comunicación que están interferidos o han sido cortados, o a poner en contacto constructivo a actores y sectores que a lo mejor nunca antes se han comunicado entre sí.

 Gustavo Wilches-Chaux

Bogotá, Abril 20 de 2005



Ver también "La Gestión del Riesgo de Desastres: del Deber de la Esperanza a la Obligación del Milagro"

El conceptuario de la sostenibilidad